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Información General

La Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico de Baja California fue impulsada por el Gobierno del Estado con el consenso de los empresarios y aprobada  por el Congreso, para dotar a la entidad de un marco regulatorio promotor de la inversión, acorde con las vocaciones productivas de los municipios, expresadas en la Política de Desarrollo Empresarial.

La Ley concede estímulos fiscales y no fiscales a las empresas que presenten proyectos de inversión privada, traten o reutilicen el agua y contraten personas con capacidades diferentes o adultos mayores.

Mediante un sistema de puntuación se evalúan los elementos que impactan en un proyecto de inversión: calidad y cantidad del empleo; monto y origen de la inversión, gasto en desarrollo tecnológico, derrama local en la proveeduría nacional; diversificación de mercados y ubicación del proyecto.

Entre los estímulos no fiscales que se otorgan por parte del Gobierno Estatal se encuentran: Apoyo en la gestión empresarial, acceso de programas de apoyo a la PYME, acceso a fondos de infraestructura pública y la facilitación de acceso a mercados mediante la participación en eventos y seminarios de exportación.

Los estímulos fiscales que contempla la Ley son: La exención, en diversos porcentajes y por diferentes periodos de tiempo, del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal; exención del pago de derechos de conexión de agua y alcantarillado y la exención de 30%  de los derechos de los servicios de agua.

ESTIMULOS FISCALES A TODAS LA EMPRESAS

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¿Cómo se solicitan los estímulos fiscales?

  1. La SEDECO recibe la solicitud de la empresa a través de su representante legal, bajo protesta de decir la verdad. 

  2. En la solicitud la empresa solicita los estímulos de acuerdo al impacto del proyecto de inversión, esto lo puede obtener al  evaluar su proyecto con el sistema de puntos establecido en la Ley.

  3. La Secretaría de Planeación y Finanzas determinará la procedencia de la solicitud y validará el tipo de estímulo, su porcentaje y la vigencia.

  4. La SPF deberá responder en un plazo no mayor a 60 días y la Empresa tendrá un plazo no menor a 2 años para cumplir los compromisos derivados del proyecto de inversión.

 

 
 
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