Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, en la Ley General de Víctimas, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y demás ordenamientos jurídicos que reconozcan derechos humanos.
Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación;
Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;
Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades estatales y municipales y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas, y establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Derivado de que no existía un área donde en una forma metódica organizada en la operación que se deben llevar a cabo para que se cumplan adecuadamente las funciones que se realizan cuando un ciudadano se convierte en víctima, surge la inquietud de conformar procedimientos necesarios para ofrecer una atención integral a toda persona que sea víctima. Asimismo, para su integración fueron considerados los conocimientos que se tenían en cuanto a la experiencia del ejercicio profesional que es necesario cuando se está en contacto con personas que han sido víctimas de un delito o violentado algún derecho. Por lo cual, se realizan los procedimientos con los que se guían las áreas de esta Comisión, las cuales son: trabajo social, atención psicológica y asesoría legal, mediante las cuales se atiende a las víctimas, a través de un modelo de atención integral, donde uno de los propósitos es que se lleve a cabo el seguimiento de una ruta homogénea de atención, buscando que la Comisión se guíe bajo los mismos procedimientos, lo que se traducirá en un servicio cálido y profesional para todas las víctimas.
