Históricamente marginados, se buscará garantizar el pleno goce de los derechos humanos de los pueblos originarios nativos y asentados en Baja California, reconociéndolos como sujetos de derecho público con respeto por su autodeterminación y normatividades internas.
La SIS tiene la encomienda de establecer los mecanismos transversales necesarios con cada una de las dependencias e instituciones de Gobierno del Estado para el acompañamiento en gestión de necesidades comunitarias, fomento a la economía social, infraestructura, educación, arte y cultura.
Por primera ocasión en nuestro estado, sus demandas serán escuchadas a detenimiento con la introducción de proyectos de inclusión social, tal como la creación de un padrón y la certificación de intérpretes en lenguas indígenas de nuestra región.
Como uno de los sectores más vulnerables en el estado, se trabajará en promover la concientización sobre discapacidad, atendiendo agravantes como la accesibilidad y movilidad universal, la igualdad de oportunidades laborales y la implementación de herramientas que faciliten su inclusión social.
Formamos parte del Concejo Consultivo para Personas con Discapacidad del Estado, desde el cual impulsamos medidas de inclusión social de forma transversal y en conjunto con los representantes de la sociedad civil organizada.
El actuar con las personas liberadas de centros penitenciarios será reintegrarles a la sociedad de una manera verdaderamente digna, eliminando barreras de discriminación y otorgando los apoyos necesarios. Para lograr esto, se buscará terminar con la estigmatización en espacios laborales, la solicitud de carta de no antecedentes penales a nivel estatal, y se implementará una capacitación personalizada a las personas para reintegrarse a la sociedad y gozar plenamente de sus derechos humanos.
Sin distinción de sectores sociales, se contribuirá a que cada persona en nuestro Estado reciba atención de calidad en todas las instituciones públicas, para reestablecer su entorno personal en materia de derechos humanos. Enfocadas en mejorar el tejido social de Baja California, las acciones hacia estos grupos aportarán un paso más para una sociedad mas incluyente y reducir el rezago social que existe actualmente.
Reafirmamos nuestro compromiso con un cambio de paradigma. Las personas usuarias de sustancias son, ante todo, ciudadanas y ciudadanos sujetos de derechos. Por ello, nuestra labor no se centra en la fiscalización ni en el juicio moral, sino en tender puentes hacia la dignidad, la salud y la integración comunitaria. Rompemos el círculo de la exclusión facilitando el acceso directo a programas de educación, capacitación técnica y bolsas de empleo inclusivas. Creemos firmemente que el trabajo digno y el desarrollo de habilidades son las herramientas más potentes para reconstruir el tejido social y la autonomía personal.
La defensa de los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual será fundamental, estableciendo las bases de un cambio de paradigma social dentro de las instituciones de gobierno y hacia la sociedad, donde el servicio público gubernamental será promotor del respeto hacia todas las personas en cada una de sus instituciones, “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera” es fundamental la integración de esta población a la vida política, social, educativa haciendo visibles sus necesidades, otorgando atención psicológica, jurídica y trabajo social.
